EJ4Climate: Equidad ambiental y resiliencia climática

“Aunque no se cuenta con una definición internacionalmente aceptada, la justicia ambiental abarca, en términos amplios, la participación equitativa e incluyente de todas las personas en la formulación, instrumentación y aplicación de la legislación ambiental. En ese sentido, [el término] se refiere directamente al acceso a bienes relacionados con el medio ambiente, como agua y energía limpias o zonas urbanas seguras, y también a la protección frente a factores de presión ambiental negativos, como contaminación del aire o el agua o la deforestación (justicia distributiva). Asimismo, entraña el acceso equitativo al proceso de toma de decisiones respecto de políticas en materia medioambiental (justicia procesal). Por último, se ha sostenido que la justicia ambiental deberá procurar un medio ambiente saludable para todos (justicia sustantiva)”.¹

La justicia ambiental puede también entenderse como “el tratamiento justo y participación significativa de todas las personas respecto de la formulación, instrumentación y aplicación de leyes, reglamentos y políticas sobre medio ambiente”.²

Cabe destacar que, en México, el concepto “justicia ambiental” es más amplio y conlleva, entre otros aspectos, acciones o medidas encaminadas a lograr la equidad en la distribución de beneficios y costos ambientales. La justicia ambiental entraña “la obtención de una solución jurídica oportuna a un conflicto ambiental determinado, tomando en cuenta que todas las personas deben partir de las mismas condiciones para acceder a dicha justicia”.³ El gobierno, por su parte, debe “promover una mayor equidad social, con perspectiva intercultural y de género, en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental”.⁴

Podemos entender las “comunidades menos favorecidas” como “poblaciones y comunidades geográficas que comparten una característica común: el que sistemáticamente se les haya negado la oportunidad plena de participar en aspectos de la vida económica, social y cívica”, e incluye en esta categoría a “personas afroamericanas, latinas, indígenas y autóctonas, estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico, al igual que otras personas de color; miembros de minorías religiosas; personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTTTI); personas con discapacidad; personas que viven en zonas rurales, y personas que de alguna otra forma se ven afectadas en forma adversa por la pobreza o la desigualdad persistentes”.⁵

Véase también la definición que el estado de California, Estados Unidos, da para “vulnerabilidad al cambio climático” en su Programa Integral de Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Integrated Climate Adaptation and Resiliency Program).⁶

“Comunidades sobrecargadas” es un término utilizado por la EPA para designar a poblaciones minoritarias, de bajos ingresos, tribales o indígenas, o ubicaciones geográficas que podrían experimentar daños y riesgos medioambientales desproporcionados.⁷

En México, se refiere a comunidades en condiciones de marginación, con estructuras de oportunidades precarias que obstaculizan el desarrollo pleno de las potencialidades de las personas como resultado de la falta de acceso a la educación, el hecho de habitar en viviendas y en localidades inadecuadas, y la percepción de ingresos monetarios insuficientes.

Se consideran como zonas urbanas las ciudades, pueblos y áreas suburbanas o periurbanas en mayor condición de vulnerabilidad a los peligros (o amenazas) ambientales relacionados con el cambio climático.

En el Informe mundial de las ciudades 2022⁸, ONU-Hábitat hace referencia al “grado de urbanización”, metodología que ofrece más matices que el binomio “urbano” y “rural”, con el que se suele categorizar la clasificación demográfica de los asentamientos humanos. En lugar de esas dos categorías, este criterio propone analizar celdas cuadriculadas de un kilómetro cuadrado (1 km²) como se indica a continuación:

1. Ciudades: asentamientos de al menos 50,000 habitantes en una agrupación de celdas cuadriculadas de alta densidad (superior a 1,500 habitantes por km²).
2. Pueblos: asentamientos de entre 5,000 y 50,000 habitantes que son densos (con una densidad de al menos 1,500 habitantes por km²) o semidensos (una densidad de al menos 300 habitantes por km²).
3. Zonas suburbanas o periurbanas: núcleos pertenecientes a conglomerados urbanos pero que no forman parte de una ciudad.