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La Peticionaria afirma que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental en materia de manejo de aguas residuales, salud pública, procedimientos de notificación transfronteriza mediante canales binacionales y manejo de los recursos hídricos en general, lo que ha dado lugar a lo que la Peticionaria denomina una “crisis transfronteriza de aguas residuales en la zona”.