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Minería en BC: Expediente de hechos

Derecho y políticas ambientales en América del Norte, Volumen 13

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En junio de 1998, el Sierra Legal Defence Fund, en representación del Sierra Club of British Columbia, Environmental Mining Council of British Columbia (Consejo de Minería Ambiental de Columbia Británica) y la Taku Wilderness Association (los “Peticionarios”), presentó al Secretariado una petición en la que se asevera que el Gobierno de Canadá está incurriendo sistemáticamente en omisiones en la aplicación efectiva de la sección 36(3) de la Ley de Pesca (Fisheries Act) (“s. 36(3)”) en contra de las operaciones mineras en Columbia Británica, y en particular en relación con las infracciones a la s. 36(3) derivadas de la escorrentía ácida de los yacimientos mineros (“escorrentía ácida” o “EA”). Las. 36(3) prohíbe el depósito de cualquier tipo de sustancia tóxica en cuerpos de agua frecuentados por peces, a menos que se cuente con una autorización reglamentaria.

En mayo de 2001, el Secretariado notificó al Consejo que la petición ameritaba la elaboración de un expediente de hechos y que recomendaba la elaboración de un expediente de hechos en relación con las medidas de Canadá para aplicar la s. 36(3) y fomentar su cumplimiento en las cuarenta y dos minas que se sabe generan o tienen el potencial para generar escorrentía ácida, y a las que la petición alude. En noviembre de 2001, el Conejo de la CCA giró instrucciones al Secretariado de elaborar un expediente de hechos “respecto de la aseveración de que Canadá está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la sección 36(3) en lo que se refiere a la mina Britania”, una de las minas a las que se hace referencia en la petición.

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