Petición

Resumen del asunto referido en la petición:

La petición asevera la existencia de diversas omisiones en la aplicación de la legislación ambiental por parte de los Estados Unidos Mexicanos respecto al establecimiento y operación de la empresa camaronícola Granjas Aquanova, S.A., de C.V., en la Isla del Conde, Municipio de San Blas, Nayarit, México. Los peticionarios alegan la falta de aplicación efectiva de las disposiciones legales para la protección de las selvas y bosques tropicales, especialmente algunas especies de mangle y de aves migratorias; de los requerimientos en materia de impacto ambiental; de las disposiciones sobre descargas de aguas residuales, prevención y control de la contaminación de las aguas y aprovechamiento de aguas; y de las disposiciones para la protección de los recursos pesqueros en caso de introducción de especies. La petición asevera también que no se han perseguido los delitos ecológicos cometidos por la empresa, ni se ha dado seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados, en virtud de la firma de un convenio entre la autoridad ambiental y la empresa, para evaluar los daños ocasionados y las opciones de remediación. La petición argumenta al respecto que, «…la autoridad no puede transigir el cumplimiento y aplicación de las leyes de orden público e interés social, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Forestal.» Finalmente, la petición asevera la falta de cumplimiento de tres convenios internacionales para la protección de especies migratorias y humedales.

Resumen de la respuesta proporcionada por la Parte:

México hace constar en su respuesta el reconocimiento de los problemas ambientales existentes en la zona en la que opera la empresa camaronícola Granjas Aquanova, señalando que está corrigiendo, mediante los medios legales a su alcance, el deterioro causado por las actividades que realizó la empresa en violación de las autorizaciones que le habían sido otorgadas. México señala que no es procedente la petición porque considera que los peticionarios debieron agotar los recursos legales disponibles y no lo han hecho. La Parte explica que la denuncia popular no es un recurso y que aún no ha finalizado la consideración por parte de la autoridad ambiental de dicha denuncia. La parte incluye en su respuesta una contestación detallada a cada una de las consideraciones de los peticionarios sobre el incumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa. Respecto de los alegatos de que México no ha aplicado de manera efectiva su legislación ambiental ante las supuestas infracciones, la Parte enumera una a una las acciones que ha realizado, mismas que incluyen procedimientos de evaluación del impacto ambiental, imposición de condicionantes, visitas de verificación, medidas compensatorias, etc. La Parte señala que los peticionarios pretenden que se aplique a los hechos que denuncian las disposiciones actuales de la LGEEPA derivadas de la reforma de 1996 que es posterior a algunos de esos hechos, por lo cual en algunos casos los requerimientos aplicables eran distintos a los actuales y no se requería de algunas de las autorizaciones que citan los peticionarios. La Parte niega que la empresa haya introducido una especie de camarón que produce enfermedades que afectan a los otros recursos pesqueros, e indica que la empresa obtuvo las autorizaciones correspondientes. La Parte responde también una a una a las aseveraciones de los peticionarios sobre la supuesta falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental. Señala que se está integrando actualmente una averiguación previa con relación a los delitos ecológicos presuntivamente cometidos por la empresa. México explica el fundamento legal por el que considera al convenio celebrado entre la autoridad ambiental y la empresa para evaluar los daños ocasionados y las opciones de remediación como una forma legítima de terminar el procedimiento administrativo relacionado con las infracciones de la empresa, sin renunciar a su facultad sancionadora. Finalmente, respecto de la supuesta falta de cumplimiento de tres convenios internacionales para la protección de especies migratorias y humedales, la Parte objeta que los peticionarios no explican cuales disposiciones de dichos instrumentos no se han cumplido. No obstante, México responde a esta aseveración genérica: aclara que uno de los instrumentos citados por los peticionarios no es un tratado internacional, explica que dichos instrumentos no son aplicables al caso en cuestión y describe las acciones que México ha realizado en cumplimiento de sus obligaciones bajo esto estos instrumentos.

Nombre y cita de la ley ambiental en cuestión:

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 117, 118, 119, 121, 123, 129, 130, 168, 182
2. Ley de Aguas Nacionales, artículos 86 III, 88, 119 I, II y VIII y 4, 9, 92
3. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, artículos 134, 135, 137 y 153
4. NOM-059-ECOL-1994
5. NOM-062-ECOL-1994
6. Ley de Pesca, artículos 3VIII y 24 XXIV
7. Reglamento de la Ley de Pesca, artículos 44, 48 y 50
8. Código Penal. artículos 416 I y II, 418 y 420 V
9. Ley Forestal, artículo 51
10. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 74
11. Reglamento Interior de la SEMARNAP, artículos 37, 40 y 62
12. Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 117
13. Convenios citados en la Cláusula Tercera A, B y C.

Peticionario(s):

Grupo Ecológico Manglar, A.C.