Montreal, 27 de marzo de 2018. El día de hoy, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) dio a conocer un informe exhaustivo sobre la situación que guardan la pérdida y el desperdicio de alimentos en Canadá, Estados Unidos y México, realizado como parte de su Iniciativa de América del Norte para la reducción y recuperación de residuos alimentarios. El informe Caracterización y gestión de la pérdida y el desperdicio de alimentos en América del Norte documenta los efectos ambientales y socioeconómicos negativos derivados de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y señala las medidas que, con el fin de disminuir estos desperdicios, podrían adoptar los sectores industrial, comercial, institucional, gubernamental y de la sociedad civil de los tres países.
Pérdida y desperdicio de alimentos en América del Norte
De acuerdo con los resultados de la investigación, se estima que cada año se desperdician en América del Norte 168 millones de toneladas de alimentos; el desperdicio per cápita en Canadá es de 396 kilogramos; en Estados Unidos alcanza 415 kilogramos, y en México asciende a 249 kilogramos. El informe determina que, si bien se presentan diferencias notorias entre los tres países, a escala regional la mayor parte de la pérdida y el desperdicio de alimentos —67 millones de toneladas por año— se genera en la etapa de consumo, en tanto que 52 millones de toneladas son atribuibles a los sectores industrial, comercial e institucional, y 49 millones de toneladas corresponden a la etapa de precosecha. Estas pérdidas representan un enorme desperdicio de recursos sociales, económicos y naturales, además de que ocasionan considerables impactos en el medio ambiente.
Más allá de poner de manifiesto la gran magnitud de la pérdida y el desperdicio de alimentos que tienen lugar a todo lo largo de la cadena de abasto alimentaria en América del Norte, el informe brinda un análisis más detallado de las principales causas de esta problemática y ofrece posibles soluciones con miras a su reducción. Para ello se enfoca en elementos como la producción excesiva; los daños al producto; la falta de prácticas normalizadas de etiquetado de caducidad; las deficiencias y carencia de infraestructura adecuada en la cadena de frío (refrigeración durante el transporte y el almacenamiento); las especificaciones de clasificación de alimentos muy rígidas, y las variaciones en la demanda de los clientes junto con las fluctuaciones del mercado. Un hallazgo clave es que distribuidores, vendedores minoristas, organizaciones de recuperación de alimentos y proveedores de servicios alimentarios desempeñan, todos, un papel fundamental en el logro de las soluciones.
“A medida que vamos logrando una mejor comprensión acerca del impacto que generan la pérdida y el desperdicio de alimentos en nuestra economía y medio ambiente, también debemos comprometernos a adoptar medidas lo mismo para su reducción en la fuente que para la recuperación de alimentos en todas las etapas de la cadena de abasto alimentaria”, señaló el director ejecutivo de la CCA, César Rafael Chávez. “El objetivo de este informe es establecer un escenario de referencia, además de identificar una variedad de herramientas y estrategias que permitan a cada sector de la cadena de abasto alimentaria hacer realidad la reducción de estas pérdidas”, agregó.
Efectos ambientales y socioeconómicos de la pérdida y desperdicio de alimentos
De acuerdo con el informe, los impactos ambientales y socioeconómicos de la pérdida y el desperdicio de alimentos en América del Norte son severos e incluyen, anualmente:
Soluciones
El informe presenta un esbozo de diversas áreas de oportunidad fundamentales para atender el problema de la pérdida y el desperdicio de alimentos en los sectores industrial, comercial e institucional:
Por cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la pérdida y el desperdicio de alimentos, el informe señala que la reducción en la fuente y la recuperación de alimentos son las opciones con mayor potencial para disminuir tales emisiones y, por lo mismo, son preferibles al reciclaje. Además, considera que la eliminación o disposición final es el método menos conveniente.
El informe que hoy se dio a conocer sirve de complemento a otro informe: Caracterización y gestión de los residuos orgánicos en América del Norte, y forma parte de la Iniciativa de América del Norte para la reducción y recuperación de residuos alimentarios. Este proyecto bienal de la CCA buscó examinar, vía estimaciones, los impactos en la seguridad alimentaria, la economía y el medio ambiente resultantes de la pérdida y el desperdicio de alimentos, así como proporcionar herramientas y campañas educativas para prevenir y reducir estos impactos.
Si desea más información y leer el informe sintético, o bien el informe de base (extendido) del que éste se derivó, visite: www.cec.org/fw/es.
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) es una organización intergubernamental establecida en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), convenio paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de medio ambiente. A partir de 2020, con arreglo al nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la CCA se rige por el también nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), que la reconoce y establece los términos para continuar su funcionamiento. La CCA reúne a una amplia diversidad de interesados —incluidos el público en general, comunidades indígenas, jóvenes, organizaciones no gubernamentales, académicos y empresarios— en busca de soluciones para proteger el medio ambiente compartido de América del Norte y, al mismo tiempo, fomentar un desarrollo sustentable en la región en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La CCA está regida y financiada a partes iguales por los gobiernos de: Canadá, a través del ministerio federal de Medio Ambiente y Cambio Climático (Environment and Climate Change Canada, ECCC); los Estados Unidos de América, por medio de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), y los Estados Unidos Mexicanos, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).