Recibe la CCA respuesta del gobierno de México respecto de la petición Desarrollo turístico en el golfo de California
Montreal, a 5 de marzo de 2014. Con fecha 12 de noviembre de 2013, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) solicitó al gobierno de México una respuesta en relación con la petición SEM-13-001 (Desarrollo turístico en el golfo de California) (pdf). El 24 de febrero de 2014, el Secretariado de la CCA recibió la solicitada (pdf).
En la petición SEM-13-001, un grupo de organizaciones, representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, asevera que el desarrollo de cuatro grandes proyectos de infraestructura turística en el golfo de California está teniendo un fuerte impacto en la bahía de La Paz, el área de anidación El Mogote, el arrecife de coral Cabo Pulmo y el humedal Marismas Nacionales, y que no se siguieron los procedimientos apropiados de estudio de impacto ambiental y otorgamiento de permisos, entre otras omisiones en la aplicación de la legislación ambiental.
Los Peticionarios sostienen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no está aplicando en forma efectiva la Convención de Ramsar, ni tampoco las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley General de Vida Silvestre y las normas oficiales mexicanas aplicables a la protección de humedales y especies en peligro de extinción.
En su respuesta, el gobierno de México señala que el Secretariado de la CCA no debió haber tomado en cuenta las resoluciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar al no poder considerarse “legislación ambiental”. De acuerdo con la respuesta de Parte, puesto que el gobierno de México negó la autorización en materia de impacto ambiental respecto del proyecto Cabo Cortés, no existen elementos que ameriten la elaboración de un expediente de hechos al respecto; además —señala la Parte—, el procedimiento pendiente de resolución respecto del proyecto Paraíso del Mar daría por concluido parcialmente el trámite de la petición en cuestión.
Asimismo, el gobierno de México sostiene en su respuesta que, en relación con los proyectos denominados CIP Playa Espíritu, Entre Mares y Paraíso del Mar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aplicó las disposiciones pertinentes a la preparación de manifestaciones de impacto ambiental (MIA), las cuales exigen el uso de la mayor y mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y residuales, el acopio de opiniones técnicas de distintas dependencias, la protección de especies que habitan la zona de manglar y la conservación de especies protegidas. Como parte de su respuesta, el gobierno de México también hace referencia a la aplicabilidad de la legislación en materia de desarrollo forestal sustentable, así como de la Convención Ramsar y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y alude a las medidas correctivas impuestas respecto del proyecto Paraíso del Mar.
El Secretariado de la CCA debe ahora analizar la petición a la luz de la respuesta de México a fin de determinar e informar al Consejo si la petición amerita la elaboración de un expediente de hechos en términos del artículo 15(1) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).
Acerca de la CCA
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) es una organización intergubernamental establecida en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), convenio paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de medio ambiente. A partir de 2020, con arreglo al nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la CCA se rige por el también nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), que la reconoce y establece los términos para continuar su funcionamiento. La CCA reúne a una amplia diversidad de interesados —incluidos el público en general, comunidades indígenas, jóvenes, organizaciones no gubernamentales, académicos y empresarios— en busca de soluciones para proteger el medio ambiente compartido de América del Norte y, al mismo tiempo, fomentar un desarrollo sustentable en la región en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La CCA está regida y financiada a partes iguales por los gobiernos de: Canadá, a través del ministerio federal de Medio Ambiente y Cambio Climático (Environment and Climate Change Canada, ECCC); los Estados Unidos de América, por medio de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), y los Estados Unidos Mexicanos, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).