Resumen de derecho ambiental en México

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1. Introducción al sistema jurídico

1.1 Estructura del gobierno

La estructura básica del gobierno de México se contempla en Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Mexicana), la cual establece que México es "una república representativa, democrática y federal".

Sistema de Derecho Civil

El gobierno de México se basa en el sistema romano de derecho codificado llamado sistema de derecho civil. En el sistema civil, el poder legislativo juega un papel principal en la elaboración y promulgación de las leyes, a través de sus dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores. La Cámara de Diputados, tiene asignada la representación del pueblo, y la de Senadores tiene como fin representar a los 31 Estados y al Distrito Federal. La atribución fundamental de estas cámaras es la de elaborar y promulgar las leyes, así como para el caso de la Cámara de Senadores, adicionalmente ratificar los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México.

Dentro de estas cámaras se forman Comisiones especializadas en distintas materias que emanan de la Constitución, lo que hace más técnico y específico el actuar de sus miembros.

El sistema civil de México reduce la necesidad de una interpretación judicial. En algunos pocos casos un juzgado debe interpretar la ley y crear una nueva norma a falta de una disposición específica en la ley. Adicionalmente, al proceso legislativo, el Ejecutivo crea leyes administrativas emitiendo reglamentos y normas oficiales que complementan las disposiciones legales existentes. El Ejecutivo ha dominado la creación de nuevas leyes mediante la presentación de iniciativas de ley en el Congreso.

Relaciones nacionales y subnacionales

La Constitución Mexicana establece las áreas de competencia federal y estatal. Sin embargo, en algunas áreas estas jurisdicciones se superponen. El artículo 124 constitucional claramente establece que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados"

La coordinación de las actividades federales y locales se logra mediante los lineamientos establecidos en la legislación federal, así como acuerdos entre las autoridades. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia ambiental el gobierno federal puede suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los estados o el distrito federal para que estos asuman determinadas funciones. Las leyes federales son de observancia obligatoria en todo el territorio mexicano, en tanto que las leyes estatales tienen un cumplimiento exclusivo del estado que las promulgó. Las leyes municipales son obligatorias solamente en el municipio respectivo.

1.2 Gobierno federal

El gobierno federal de la República Mexicana se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Poder Ejecutivo

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es elegido para un período de seis años mediante elecciones directas de los ciudadanos. El Presidente ejecuta y administra las leyes. Asimismo, cuenta con un gabinete formado por los secretarios y jefes de los diferentes departamentos administrativos, así como por los consejeros que toman parte en la formulación y coordinación de la política nacional.

La Administración Pública Federal está integrada tanto por entidades centralizadas como por paraestatales. Las entidades centralizadas incluyen al Presidente, secretarios, departamentos administrativos y el Procurador General de la República (PGR). Las paraestatales comprenden entidades descentralizadas, industrias con participación estatal, instituciones nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, instituciones nacionales de seguros y finanzas, y fideicomisos.

Poder Legislativo

El Congreso de la Unión está compuesto de dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados electos para un período de tres años y no pueden buscar la reelección inmediata. Se elige directamente a 300 diputados mediante votación mayoritaria en los distintos distritos electorales, mientras que 200 diputados son electos por lo partidos con base en la proporción de la votación nacional que recibieron dichos partidos.

La Cámara de Senadores está integrada por cuatro senadores de cada Estado y del Distrito Federal. Tres senadores se eligen bajo el principio de votación mayoritaria relativa, mientras que uno se asigna a la primera minoría. La elección directa para integrar la Cámara de Senadores se realiza cada seis años y, al igual que los diputados, un senador no puede postularse como candidato para el período inmediato posterior.

Poder Judicial

La estructura y las funciones generales del poder judicial federal se establecen en la Constitución Mexicana y se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal.

En el ámbito local, se encuentra integrado por un Tribunal Superior de Justicia, titular del poder judicial local, los tribunales de apelación o segunda instancia, los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz.

El poder Judicial federal se divide en tres niveles de tribunales. El primer nivel consiste en los Jueces federales de distrito, que son tribunales de juicios con un solo juez y tienen jurisdicción federal general. Los jueces federales de distrito pueden, sin embargo, especializarse por materia, es decir en lo penal, civil, laboral y administrativo. El segundo nivel consiste de dos tipos de cortes de apelación. Los tribunales unitarios de circuito y los tribunales colegiados de circuito, que manejan las apelaciones ordinarias de los Jueces de distrito. Los tribunales colegiados de circuito tienen cada uno tres magistrados y reciben apelaciones de amparo. El tercer nivel es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tribunal de última instancia. Esta conformada por 11 Ministros y funciona en pleno o en salas. La Suprema Corte revisa sobre las controversias constitucionales que se susciten entre la federación, estados y municipios; de las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan; y posee la facultad de atracción para asuntos que considere de relevancia.

El tribunal electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Se encuentra dividido en una sala superior y cinco salas regionales que versan sobre todas la materias relacionadas con la cuestión electoral federal.

El Poder Judicial incluye también el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de vigilar la administración del sistema de tribunales. Finalmente, El Poder Judicial tiene también un Jurado Federal Ciudadano, el cual decide sobre cuestiones de hecho que le presentan jueces de distrito en algunos casos especiales.

El tribunal o juzgado de primera instancia y de apelación dependerá del caso del que se trate. México cuenta además con un sistema de apelación constitucional independiente de la estructura ordinaria de apelaciones. Por lo general, los tribunales unitarios de circuito conocen de las apelaciones ordinarias ante los tribunales de distrito. Los tribunales colegiados de circuito revisan las apelaciones de amparo de los tribunales de distrito y de los tribunales administrativos. La Suprema Corte de Justicia tiene la jurisdicción definitiva sobre la totalidad de los tribunales estatales y federales para apelaciones ordinarias y amparos.

Organismos administrativos

La resolución de controversias legales también está a cargo de organismos administrativos auxiliares del Ejecutivo en materias fiscal, laboral, y agraria. Las normas y procedimientos básicos de estos sistemas se contemplan en las leyes orgánicas internas de cada organismo. Las resoluciones administrativas pueden ser apeladas mediante el recurso de revisión, según las modalidades que dicta la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Por otro lado, en caso de violarse un derecho constitucional, la parte agraviada puede recurrir al amparo ante los tribunales federales.

1.3 Gobiernos subnacionales

La República Mexicana comprende treinta y un estados, y un Distrito Federal (D.F.) que es la sede de los poderes de la Federación. Cada estado se subdivide en municipios, mientras el Distrito Federal se compone de delegaciones. La Constitución Mexicana establece las bases para la forma y estructura de los diferentes gobiernos de los estados. Cada estado cuenta con su propia constitución, así como con un gobernador que funge como la máxima autoridad ejecutiva local. El Distrito Federal no tiene constitución local, ni gobernador, sino Estatutos de Gobierno. Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Gobiernos autóctonos / comunidades indígenas

En algunos municipios de México la población es mayoritariamente indígena, la cual mantiene organizaciones, leyes, religiones, idiomas, tradiciones y costumbres específicas. Estos grupos indígenas reciben la protección especial de las leyes mexicanas como una minoría Los pueblos indígenas están sujetos a todas las leyes y disposiciones federales y estatales aplicables, pudiendo utilizar sus propias organizaciones únicamente en asuntos locales.

Es preciso señalar que en agosto del 2001, la Constitución sufrió una reforma, denominada " reforma indígena " en la que algunos artículos de la constitución fueron reformados para incluir disposiciones relativas a los grupos indígenas. Como una de las principales reformas podemos señalar aquella del artículo 2 en donde se reconoce la composición pluricultural de la nación. El mismo artículo reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, así como la autonomía para entre otros aspectos decidir las formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. (Artículo 2 Fracción I)

1.4 Fuentes y jerarquía del derecho

Fuentes

Las fuentes del derecho mexicano son formales, históricas y reales.

Jerarquía

La Constitución Mexicana establece en su Artículo 133 que las ley suprema de la República son las disposiciones contenidas en ella, las leyes del Congreso emanadas de la misma, así como los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado.

No obstante lo anterior cabe hacer mención de una tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Nacional denominada "Tratados Internacionales. Se ubican Jerárquicamente por encima de las leyes Federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal". En la presente tesis la SCJN considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local. "Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional" . Cabe señalar que estamos frente a una tesis aislada que en sí no puede considerarse jurisprudencia ya que faltarían otras cuatro tesis más en el mismo sentido, sin embargo es importante señalarla por la importancia en el tema que trata.

A continuación se presenta una breve descripción de la jerarquía del orden jurídico en México.

  1. La Constitución es la norma suprema.
  2. Las leyes federales creadas por el Congreso y los tratados internacionales promulgados de acuerdo con la Constitución, se consideran de un orden inferior a ésta última, pero de un mismo nivel entre sí.

    Si observamos el texto de la tesis aislada anterior podemos observar que al contrario de lo que encontramos estipulado en este párrafo, situaría a los tratados internacionales por arriba de las leyes federales, sin embargo como mencionamos aun no es jurisprudencia.
  3. Las leyes ordinarias aprobadas por el Congreso conforman el siguiente nivel e incluyen las siguientes: (1) "simplicidades" o leyes ordinarias promulgadas por el Congreso que no se refieren a cuestiones de orden constitucional y (2) leyes "secundum quid" que pueden ser ya sea reglamentos orgánicos que elaboran un texto constitucional al establecer la estructura y funcionamiento de la autoridad gubernamental, o bien reglamentos complementarios creados con el propósito elaborar con base en lasdisposiciones constitucionales o ampliar las mismas.
  4. Reglamentos. Los expide el Ejecutivo para facilitar la comprensión y el cumplimiento de una ley. Los reglamentos incluyen las disposiciones administrativas internas expedidas por las diversas secretarías y sus funcionarios ejecutivos.
  5. Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Estas normas son medidas y normas específicas requeridas bajo la ley propuestas por las diferentes secretarías administrativas dentro de su campo jurisdiccional y que son expedidas por el Ejecutivo. Se rigen por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización ( en adelante, [L]Ley de Normalización[U] http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/fed/146/">Constitución Mexicana).
  6. Otros actos de autoridades, que incluyen ordenamientos, acuerdos, resoluciones, notificaciones y circulares oficiales que aclaran aspectos de derecho a los funcionarios publicos.
  7. Las normas individualizadas pueden ser tanto públicas como privadas, como contratos y testamentos. Por exemplo, los para la creación de normas a cargo del Poder legislativo.

1.5 Papel del Poder Legislativo

Bajo el sistema juridico mexicano, existen dos tipos de procesos. El primero de ellos es modificar la Constitución, y el segundo es promulgar nuevas leyes. Los requisitos en cuanto al procedimiento para modificar la Constitución se establecen en el Artículo 135 de la Constitución Mexicana, necesitándose que voten las dos terceras partes del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados. El proceso legislativo se estipula en los Artículos 71 y 72 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. El proceso es igual tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores, y está constituido por las siguientes fases:

El Presidente, los diputados y los senadores al Congreso de la Unión, así como los congresos estatales, tienen la facultad constitucional de presentar al Congreso propuestas de legislación en forma de iniciativas. Los individuos particulares, las sociedades o las asociaciones pueden presentar proyectos de ley a su representante electo. Las iniciativas se pueden presentar al presidente de la Cámara de Diputados o al de la de Senadores, que se encargan de considerarlas en las comisiones encargadas del asunto correspondiente. Posteriormente debe obtenerse la aprobación por parte de la mayoría de ambas cámaras. Si la ley propuesta es aprobada en la Cámara de su origen (en donde se presenta la iniciativa), se discute entonces en la Cámara revisora. Si la Cámara de origen rechaza la iniciativa, ésta no puede presentarse nuevamente en la misma sesión legislativa. En caso de que la Cámara revisora apruebe la iniciativa, se envía entonces al Presidente de la República. Si el proyecto de ley no se regresa con las observaciones pertinentes a la Cámara de origen dentro de un período de 10 días, éste se considera como aprobado. En caso de que el Ejecutivo vete una legislación, ésta se regresa a las Cámaras, en donde podrá discutirse nuevamente y si es aprobada por las dos terceras partes, el Presidente debe entonces aprobarla. Si la iniciativa se modifica parcialmente, la parte modificada, y sólo esa parte, se debe discutir de nuevo y aprobarse por tres cuartas partes de la Cámara de Origen. Las leyes federales se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Las leyes locales y municipales se deben reproducir en sus respectivas gacetas oficiales.

1.6 Papel del poder ejecutivo en el proceso de elaboración de las leyes

El Ejecutivo participa en el proceso de creación de una ley en tres formas. En primer lugar, el Presidente puede presentar una iniciativa de ley ante el Congreso. En segundo término, el Presidente debe aprobar y promulgar la legislación aprobada por el Congreso antes de que pueda surtir efectos como tal. Finalmente, el Presidente y las entidades administrativas auxiliares participan en la implantación de la ley promulgada expidiendo reglamentos y NOM. Los reglamentos los emite exclusivamente el Ejecutivo y los debe firmar el Secretario de Gobernación. Este proceso de creación de normas se conoce como referendo. Por lo regular, los reglamentos ejecutivos tratan sobre las leyes promulgadas por el Congreso.

En un esfuerzo por modernizar el proceso de creación de normas, el Congreso recientemente promulgó la Ley Federal de Metrología y Normalización (en lo sucesivo Ley de Normalización) el 1 de Julio de 1992, la cual modificó el carácter de obligatorio y les dio estatus de voluntario a la totalidad de las normas expedidas con anterioridad al 1 de julio de 1992. Casi todas las normas técnicas posteriormente se reautorizaron o consolidaron como Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de acuerdo con la Ley de Normalización. Esta Ley hace la distinción entre las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas como normas de aplicación voluntaria.En cuanto a la protección del medio ambiente, las NOM establecen normas en los siguientes campos: en materia de biodiversidad y recursos naturales, sobre el aprovechamiento de aguas y prevención y control de la contaminación al agua y ecosistemas acuáticos , en materia de exploración y explotación de los recursos no renovables, para prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera , en materia de manejo de materiales y residuos, en materia de riesgo ambiental y en materia de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación En el capítulo 6.1 se proporciona información sobre la participación ciudadana en el proceso de normalización.

Cabe señalar que en materia de normas oficiales mexicanas existe dentro de la Ley Federal de Metrología y Normalización, un apartado referente a la participación social en la elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas (Capítulo II). Cabe señalar que el 14 de enero de 1999, se publicó el Reglamento a la Ley sobre Metrología y Normalización, el cual contiene disposiciones relativas a las Normas Oficiales Mexicanas y los Comités Consultivos de Normalización.

1.7 Papel del Poder Judicial

Los Tribunales Federales tienen dos funciones básicas en el sistema juridico mexicano: la resolución de conflictos legales y la interpretación de la ley a través de la jurisprudencia. La función más importante es la resolución de conflictos legales. Esto implica generalmente la sola aplicación de la ley a un caso. Sin embargo, en algunos casos en los que un tribunal debe interpretar o aplicar una ley a una circunstancia especial no contemplada directamente por la ley, crea jurisprudencia al dictar una resolución al conflicto. La creación y los efectos de la jurisprudencia se establecen en la Ley de Amparo. Unicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Colegiado de Circuito pueden crear jurisprudencia, la cual es obligatoria para el resto de los juzgados y tribunales federales y estatales. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte se crea sólo cuando existe una serie de cinco ejecutorias o sentencias no interrumpidas. Cualquier ejecutoria en contrario a dicha serie cancela el carácter de obligatoriedad. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción de apelación definitiva sobre todos los tribunales federales, y de hecho sobre los tribunales estatales a través del juicio de amparo que se describe más adelante.

Juicio o demanda de amparo

México cuenta con un sistema de revisión judicial federal para proteger las garantías de los particulares, al amparo de Constitución Mexicana, que se denomina juicio de amparo. Puede iniciarse una demanda de amparo contra (1) cualquier ley o acto de la autoridad que sea violatorio de una garantía individual otorgada bajo la Constitución, (2) contra leyes o actos oficiales federales que violen o restrinjan la soberanía o las leyes estatales, o leyes o actos oficiales estatales que invadan la esfera de la autoridad federal. Solamente las partes agraviadas directamente por el acto o ley pueden iniciar un juicio de amparo. El sistema de amparo no otorga a los Tribunales Federales la facultad de hacer una declaración general en cuanto a que un acto del Congreso o del Presidente es inconstitucional, ya que tal declaración sólo se aplica a las partes en tal juicio.

Las particularidades del sistema de amparo se estipulan en la Ley de Amparo. Por ejemplo, una limitación es que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no está sujetas a apelaciones por la vía de amparo. Otra limitación es que deben agotarse los recursos judiciales y administrativos antes de iniciar un juicio de amparo.

1.A Textos jurídicos



 
La última revisión: Septiembre 2003