Resumen de derecho ambiental en Canadá

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4. Leyes y políticas ambientales generales

En virtud de la naturaleza federal-provincial del sistema político canadiense, no existe una ley única que establezca un marco de referencia nacional relativo a la protección del medio ambiente en Canadá.

En enero de 1998, el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment o Conseil canadien des ministres de l'Environnement), con la excepción de Quebec, firmaron el Acuerdo General Canadiense de Armonización en Materia Ambiental (Canada-wide Accord on Environmental Harmonization o Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale), en el que se exhorta a los gobiernos a trabajar conjuntamente a fin de alcanzar el nivel de protección ambiental más alto posible para la población canadiense en conjunto. Conforme se establece en este acuerdo, los gobiernos instrumentan los subacuerdos con base en estas normas y en la evaluación del medio ambiente aplicando sus facultades de manera coordinada. Algunos de los resultados alcanzados a

4.1 Plan o política nacional ambiental o para el desarrollo sustentable

El Plan Verde de Canadá (Green Plan o Plan vert) (Gobierno de Canadá, 1990) constituyó el primer intento del gobierno federal para integrar los asuntos ambientales y económicos usando el concepto de desarrollo sustentable. El plan requirió la participación de cerca de 40 ministerios federales y dependencias gubernamentales.

En 1995, el Parlamento revisó la Ley General de Auditoría (Auditor General Act o Loi sur le vérificateur général), para exigir a todos los departamentos federales la preparación de estrategias de desarrollo sustentable. La Ley estableció la oficina del Comisionado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Commissioner of the Environment and Sustainable Development o Commissaire à l'environnement et au développement durable) (véase el capítulo 2). El Comisionado efectivamente valorará cómo los departamentos se encaminan a un desarrollo sustentable. Más de 25 departamentos y oficinas han entablado estrategias para un desarrollo sustentable. Estas estrategias perfilan las metas y planes de trabajo de cada departamento para integrar el desarrollo sustentable en sus políticas, programas y operaciones.

4.1.1 Instrumentación de la Agenda 21

En la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992, Canadá fue uno de los países firmantes del Programa 21, un documento de 700 páginas en el que se hace un llamado por el desarrollo sustentable del mundo en el siglo XXI. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and International Trade o Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international) tiene la responsabilidad de coordinar la elaboración del informe anual que Canadá presenta a la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (CDS). El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional recibe la ayuda de un Comité Interdepartamental encabezado por el mismo Ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente (Environment Canada o Environnement Canada) y la Oficina Canadiense de Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency, CIDA, o Agence canadienne de développement international, ACDI). El Comité verifica la información de todos los departamentos y entidades gubernamentales correspondientes y realiza consultas con las provincias y las organizaciones y personas interesadas (representantes de empresarios, grupos ambientales, laborales, etc.). El Programa 21 se ha aplicado en distintos niveles de la esfera provincial.

4.2 Derechos y responsabilidades generales en materia del medio ambiente

Federal

El principal ordenamiento de la legislación ambiental federal es la Ley Canadiense de Protección Ambiental, de 1999 (Canadian Environmental Protection Act, CEPA, o Loi canadienne sur la protection de l'environnement, LCPE 1999). Está ley pretende convertir la prevención de la contaminación en el enfoque privilegiado de la protección ambiental. La CEPA 1999 está subdividida en 12 partes que abarcan diferentes aspectos de la protección del medio ambiente (éstas se describen detalladamente en los demás capítulos de este resumen):

La Ley Federal de Pesca (Fisheries Act o Loi fédérale sur les pêches) es otro ordenamiento importante para la protección del ambiente canadiense. De acuerdo con esta ley, los trabajos o actividades realizados por una persona o sociedad que resulten en la alteración, perturbación o destrucción dañinas del hábitat acuático constituyen un delito. Asimismo es delito el depósito o la autorización para que se deposite cualquier tipo de sustancia deletérea en "aguas que frecuenten los peces". Administran la Ley de Pesca los ministerios de Pesca y Océanos (Fisheries and Oceans Canada, DFO, o Pêches et Océans Canada) y de Medio Ambiente. El DFO es responsable del manejo y la protección de los hábitats de los peces. El Ministerio de Medio Ambiente es responsable de las cuestiones de la calidad del agua de dichos hábitats. Además, hay varios acuerdos y memorandos de entendimiento entre la federación y las provincias mediante los cuales se han delegado ciertas facultades en materia pesquera a algunos gobiernos provinciales.

La Ley de Pesca establece multas severas por contravenir sus disposiciones, y los tribunales competentes pueden ordenar al infractor abstenerse de realizar la actividad causante de una descarga o depósito en aguas frecuentadas por peces.

Las provincias

Todas las provincias y territorios han promulgado su propia legislación en la que se establecen derechos y responsabilidades ambientales generales; el nivel de protección ambiental no es igual en cada provincia. Se puede decir, en términos generales, que cada provincia y territorio cuenta con disposiciones que regulan la descarga de contaminantes en el ambiente, para lo cual se requiere la autorización previa de las autoridades responsables para realizar proyectos susceptibles de ocasionar daños ecológicos. Cualquier contravención se puede sancionar. Las materias reguladas incluyen la evaluación de impacto ambiental, el manejo de desechos, las normas de agua potable y la conservación de tierras. Las provincias y territorios tratan también otros aspectos que afectan el medio ambiente, como la planeación del uso de la tierra, la minería, la agricultura y el transporte. De nueva cuenta, el nivel de protección ambiental varía de una provincia a otra.

Alberta. Después de llevar a cabo una consulta pública, el gobierno de Alberta aprobó la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Environmental Protection and Enhancement Act o Loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement). Con un enfoque integral de la protección del agua, el aire y el suelo, esta ley exige la expedición de un permiso para la construcción y una licencia para la operación de instalaciones que puedan crear contaminación atmosférica. Este proceso de permisos contribuye a identificar y prevenir problemas potenciales en la fase inicial de los proyectos. Deben presentarse planes específicos cuya aprobación estará sujeta a ciertos términos y condiciones. Las inspecciones y un seguimiento regular garantizan el cumplimiento de los proyectos con los requisitos ambientales a lo largo de las operaciones y una vez que éstas concluyan. La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente da cabida a la participación ciudadana en el proceso de decisión ambiental, que puede ser en el campo del acceso a la información, el proceso de evaluación, la autorización o el derecho, cuando sean individuos interesados directamente, de apelar ciertas decisiones.

Columbia Británica. La Ley de Manejo de Residuos (Waste Management Act o Loi sur la gestion des déchets) de Columbia Británica prohíbe la introducción de desechos al ambiente en formas o cantidades tales que causen contaminación. El término desecho se define en forma amplia. De acuerdo con esta ley, el administrador regional de residuos ha de expedir un permiso para descargar desechos en el ambiente, y se requiere de una autorización especial para la recolección y disposición de los mismos. Las sanciones por contravenir esta ley son elevadas. Esta provincia promulgó en 1994 una nueva legislación sobre evaluación ambiental: la Ley de Evaluación Ambiental (Environmental Assesment Act).

Isla Príncipe Eduardo. La Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act) de la Isla Príncipe Eduardo se promulgó con el fin de "administrar, proteger y mejorar el medio ambiente". El Ministro de Asuntos Comunitarios y Culturales (Minister of Community and Cultural Affairs) cuenta con la facultad de tomar las medidas que considere necesarias para proteger los recursos naturales, como pudieran ser todas las aguas de superficie, del subsuelo y costeras, dunas de arena y playas.

Manitoba. La Ley de Medio Ambiente (Environment Act o Loi sur l'environnement) de Manitoba establece en términos generales que su objetivo es "desarrollar y mantener en Manitoba un sistema de administración del ambiente que garantice que éste se conserve en tal forma que sustente un elevado nivel de vida, incluido el desarrollo social y económico, la recreación y el esparcimiento de las generaciones presentes y futuras". Es necesario contar con licencias para todo proyecto importante. Esta ley creó la Comisión para un Medio Ambiente Limpio (Clean Environment Commission), cuyas obligaciones son realizar asambleas públicas, audiencias e investigaciones sobre aspectos ambientales específicos, además de desempeñar un papel como mediador entre dos o más partes en conflicto ambiental.

Nueva Brunswick. La Ley para un Medio Ambiente Limpio (Clean Environment Act o Loi sur l'assainissement de l'environnement) de Nueva Brunswick constituye la base estatutaria para los Reglamentos sobre Calidad del Aire (Air Quality Regulations) y los Reglamentos sobre Calidad del Agua (Water Quality Regulations). Ambos reglamentos establecen que el Ministro de Medio Ambiente debe autorizar la construcción o la entrada en operaciones de cualquier fuente de contaminación del aire o del agua. Otros ordenamientos importantes son la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act o Loi sur l'assainissement de l'eau) de Nueva Brunswick, la cual rige la distribución del agua, incluida la modificación de su curso, y la Ley de Aire Puro (Clean Air Act o Loi sur l'assainissement de l'air) que regula todas las fuentes de emisiones atmosféricas industriales en la provincia.

Nueva Escocia. La recién promulgada Ley de Medio Ambiente (Environment Act o Loi sur l'environnement) de Nueva Escocia ha consolidado a la legislación provincial en materia ambiental, y contiene disposiciones sobre evaluaciones de este tipo. La Ley de Medio Ambiente establece la expedición de permisos o licencias a diferentes tipos de actividades que conducen a la descarga de desechos en el ambiente.

Ontario. Los cuatro ordenamientos principales que rigen esta provincia son la Ley de Protección Ambiental de Ontario (Ontario Environmental Protection Act, OEPA, o Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario), la Ley de la Carta de Derechos Ambientales de Ontario (Ontario Environmental Bill of Rights Act o Charte des droits environnementaux de l'Ontario), la Ley de Evaluación Ambiental de Ontario (Ontario Environmental Assessment Act o Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario) y la Ley de Recursos Hidráulicos de Ontario (Ontario Water Resources Act, OWRA, o Loi sur les ressources en eau de l'Ontario). La OEPA establece la protección del ambiente natural, que se define en términos muy amplios. Por otra parte, la OWRA se encarga de la protección de todas las aguas de superficie y del subsuelo. Ambas leyes prohíben que se realice o se permita la descarga de un contaminante en el ambiente natural que genere o pudiera generar un efecto adverso sobre el ambiente o dañar la calidad del mismo. La Ley de la Carta de Derechos Ambientales de Ontario estipula mayores derechos de participación social y ha creado la Oficina del Comisionado Ambiental (Environmental Commissioner o Commissaire de l'environnement), que depende directamente de la Legislatura de Ontario.

Quebec. La Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente de Quebec (Environment Quality Act, EQA, o Loi sur la qualité de l'environnement) prevé que "toda persona tiene derecho a un ambiente sano y a la protección del mismo, así como a la protección de las especies vivas que lo habiten". Esta ley permite la expedición de una orden judicial que prohíba todo acto o actividad que interfiera o pudiera interferir con el ejercicio del derecho mencionado con anterioridad. De acuerdo con la EQA, no se permite que ninguna persona moral o física descargue o permita la descarga de un contaminante en el ambiente en cantidades o concentraciones mayores a las establecidas en los reglamentos que se promulguen bajo la misma, o bien, si atentan contra la vida, salud, seguridad o bienestar del ser humano, o si daña o perjudica de alguna otra forma la calidad del suelo, la flora o fauna o los bienes. El ministro de Medio Ambiente de Quebec (Quebec Ministry of the Environment o ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec) puede llegar a solicitar un estudio de características, un programa de descontaminación o restauración, o bien un cronograma para la ejecución de los trabajos a la persona física o moral que hubiera efectuado la descarga o liberación de un contaminante. Además, estas actividades, sin excepción alguna que pueda afectar el medio ambiente, deberán contar con un certificado de autorización previo. La EQA prevé, asimismo, un procedimiento de evaluación ambiental para proyectos de mayor envergadura.

Saskatchewan. La Ley de Gestión y Protección Ambiental, 2002 (Environmental Management and Protection Act, 2002) de Saskatchewan establece que ninguna persona descargará o liberará, o permitirá que se descargue o libere, un contaminante en caso de que exista la posibilidad razonable de que tal descarga o liberación altere la calidad del ambiente o genere contaminación del agua. Dicha legislación aborda diversos temas del medio ambiente, como la protección del agua y la respuesta a emergencias ambientales.

Terranova y Labrador. La Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act) de Terranova y Labrador prohíbe la descarga de contaminantes en el medio ambiente que no respeten las normas promulgadas o en cantidades o concentraciones que el ministerio considere negativas para el medio ambiente. La legislación contempla diversos temas ambientales, como desechos, calidad del aire y tierras contaminadas.

Territorios

Territorios del Noroeste. La Ley sobre Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Act o Loi sur la protection de l'environnement) de los Territorios del Noroeste prohíbe la liberación de contaminantes en el ambiente. La Ley de Derechos en Materia Ambiental (Environmental Rights Act o Loi des droits en matière d'environnement) estipula que "los habitantes de los Territorios del Noroeste tienen derecho a un ambiente sano y a la protección de la integridad, la diversidad biológica y la productividad de los ecosistemas".

Yukón. La Ley de Medio Ambiente de Yukón (Yukon Environment Act) reconoce que "todo individuo en el Yukón tiene derecho a un ambiente sano" y prohíbe la liberación de contaminantes en el ambiente.

Nunavut. Aunque a la fecha Nunavut no ha aprobado su legislación sobre protección ambiental, los ordenamientos y las leyes de aplicación de los Territorios del Noroeste son los que se aplican en esta materia.

Derecho común

Algunos derechos y responsabilidades en materia ambiental pueden encontrarse tanto en el derecho común (common law) como en el derecho civil de Quebec.

Quebec

La Provincia de Quebec tiene un Código Civil que establece bases fundamentales de su sistema de derecho civil. El Código Civil de Quebec (Code civil du Québec) incluye varios conceptos similares a algunas doctrinas del derecho común (por ejemplo, derechos ribereños, negligencia, etc.). El artículo 1457 del Código Civil de Quebec es el que fundamenta la responsabilidad civil basado en el concepto de la falta. Una víctima debe probar con fundamentos el daño del que fue objeto, que el demandado cometió una falta y que existe un vínculo causal entre el daño y la falta. Por otro lado, el demandado podrá alegar y probar, con todas las medidas apropiadas que tomaría cualquier persona prudente, que la víctima por su conducta es responsable de una parte del daño. Finalmente el demandado puede alegar y probar la falta de un tercero o que el daño se produjo por causas de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural). El grado de la prueba es de peso ante las Cortes Civiles conforme al predominio de las probabilidades. Junto con el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil igualmente admite aplicaciones por interlocutoría o requerimiento judicial permanente. En el litigio civil en Quebec, las Cortes pueden atenerse únicamente sobre la existencia de cláusulas establecidas por la Ley (o en el Código Civil o en la Ley escrita) con el fin de imponer una sanción o para penalizar una conducta o una actividad.

Provincias con derecho consuetudinario

El sistema de derecho común o consuetudinario, cuyo origen es el derecho inglés, consiste en una serie de principios legales que se aplican en casi todo Canadá, salvo en la provincia de Quebec, en asuntos del orden civil. Se trata únicamente de un sistema que se basa en fallos anteriores de tribunales o antecedentes judiciales que se utilizan para interpretar y resolver un litigio en un tribunal. Algunos principios del derecho consuetudinario fueron codificados en leyes, pero éstas no son una alternativa completa a la aplicación del derecho consuetudinario.

Hace mucho que los tribunales canadienses se ocupan de los asuntos ambientales, frecuentemente con la ayuda de los recursos y principios del derecho consuetudinario. Los instrumentos legales creados por el derecho consuetudinario siguen siendo un medio importante para obtener compensación por lesiones corporales o daños a la propiedad, o un requerimiento para prevenir un perjuicio. Los más importantes principios del derecho consuetudinario utilizados en materia ambiental son: perjuicio, derechos ribereños, entrada ilegal, responsabilidad estricta y negligencia.

Perjuicios

El principio de perjuicio (nuisance) se puede aplicar a una amplia gama de situaciones ambientales, como contaminación del aire y el agua (incluidas las aguas subterráneas), ruido, vibraciones, olores, contaminación del suelo, inundaciones y actividades que impiden el uso sosegado y el disfrute de su propiedad. Hay dos tipos de perjuicios: privado y público. Un perjuicio privado es la interferencia excesiva en el uso y disfrute de la tierra que una persona posee u ocupa. Un perjuicio público es la interferencia excesiva en el uso del público de las tierras y las aguas públicas. El elemento clave del concepto de perjuicio es la determinación de lo que es razonable o no, dependiendo de las circunstancias del caso. Los puntos considerados por los tribunales son la gravedad y el tipo del daño; la importancia social y el beneficio económico de la actividad que está causando el problema; la utilidad de la conducta del demandado; el carácter del vecindario y la sensibilidad del demandante.

Derechos ribereños

El dueño de un terreno en el que corre un río tiene derecho al caudal continuo del agua en su cantidad y su calidad normales, sin disminuir y sin contaminar. Un propietario puede demandar por daños y perjuicios u obtener un derecho de amparo para evitar que alguien altere el caudal o la calidad de su porción de río. (En tanto que los derechos ribereños [riparian rights o droits riverains] siguen siendo un factor, la mayoría de las jurisdicciones en Canadá han aprobado legislaciones que rigen la asignación de derechos de agua.)

Entrada ilegal

Se trata de la introducción de personas u objetos a las tierras (en el suelo o el subsuelo) de otra persona sin el consentimiento del dueño o el ocupante de la tierra. Cualquier intrusión intencional, incluso por motivos loables, puede hacer al intruso culpable por todo daño (aunque no sea intencional) que resulte directamente de la intrusión. Una demanda basada en la entrada ilegal (trespass) será aceptada excepto si se puede demostrar que la intrusión no fue deliberada y no se hizo por negligencia.

Responsabilidad objetiva

Este concepto se origina de un juicio inglés de 1966: Rylands contra Fletcher. Cuando una persona lleva a su propiedad, para su uso personal, sustancias peligrosas capaces de dañar si se produce una fuga, lo hace a su propio riesgo. Puede ser responsable de todos los daños consecuentes, aunque el escape no fuera intencional ni se haya producido por negligencia. Sin embargo, aún subsisten dudas sobre si el concepto de responsabilidad objetiva (strict liability) ha de mantenerse independientemente del concepto de negligencia.

Negligencia

La base del principio de negligencia (negligence) del derecho consuetudinario es la norma de cuidado que se espera que tenga una persona razonable en circunstancias propias del caso para evitar daños previsibles a personas si no se toman las precauciones necesarias. Se considerará que una persona ha sido negligente si su conducta se sitúa por debajo de lo normal o lo razonable en una comunidad. Puede no resultar fácil determinar por adelantado cuál es la norma de cuidado que se ha de aplicar en asuntos ambientales que entrañan operaciones industriales. Para que una demanda por negligencia tenga éxito, incumbe al demandante demostrar que la conducta del demandado se situó por debajo de la norma de cuidado razonable, que éste debería haber previsto el daño sufrido y que el demandante es un tipo de persona que resultaría perjudicada si ocurriera algún daño. A la inversa del principio de perjuicio, no hace falta que uno sea dueño u ocupante de la tierra para demandar a alguien por negligencia.

 

4.A Textos jurídicos



 
La última revisión: Septiembre 2003